El PSOE denuncia que con Feijóo y Negreira la sanidad es cada vez menos pública y menos universal

El PSOE denuncia que con Feijóo y Negreira la sanidad es cada vez menos pública y menos universal

Yoya Neira muestra el rechazo de los socialistas a la Ley del Aborto que el PP aprobará esta semana

Pedro Méndez, de la Plataforma pola Sanidade, señala que la sanidad pública se defiende y aclara al Partido Popular que la sanidad no está en venta

El PSOE coruñés ha denunciado los recortes en sanidad del Partido Popular y ha reclamado seriedad a los dirigentes del PP ante las decisiones que están adoptando. En este sentido, la concejala Yoya Neira ha advertido de que con Feijóo y Negreira la sanidad es cada vez menos pública y menos universal porque ahora no todos los ciudadanos tienen derecho a la asistencia médica.

Al mismo tiempo, ha preguntado a Negreira por qué no se ha manifestado contra el cierre del COF del Ventorrillo, por qué no se ha manifestado contra el cierre del Laboratorio de Análisis Clínicos y por qué no se manifiesta contra cada ataque a la sanidad pública.

Además, la edil socialista ha mostrado el rechazo absoluto del PSOE a la Ley del Aborto que el PP aprobará esta semana y ha apuntado que es una ley que recorta derechos y que nos devuelve al pasado.

Por su parte, Pedro Méndez, miembro de la ejecutiva de la Agrupación y de la Plataforma pola Sanidade, ha aclarado que la sanidad no está en venta y que la sanidad pública hay que defenderla. En este sentido ha señalado que seguirán saliendo a la calle y realizando acciones de protesta para defender la sanidad. Asimismo, ha criticado las palabras de Núñez Feijóo, pues si los ciudadanos salen a la calle y los profesionales de la sanidad protestan es porque hay una realidad que el PP no puede ocultar.

Sanidad

Nuestra ciudad ha sufrido también este ataque continuado a la sanidad pública. El cierre del COF del Ventorrillo, el cierre de una planta del Hospital Abente y Lago -que luego tuvo que ser abierta parcialmente ante el desbordamiento de las Urgencias- , la pérdida de plazas, el incremento de las listas de espera, la desaparición del Laboratorio de Salud Pública, las denuncias constantes de saturación del Servicio de Urgencias del CHUAC y la lista de espera en Atención Primaria han sido noticia durante los últimos meses. Por otra parte, hace apenas unas semanas, la Conselleira de Sanidade encendía todas las alarmas al poner en cuestión la viabilidad de parte de las Unidades de Trasplantes del CHUAC, pese a ser uno de los centros punteros en España.

El anuncio de la puesta en marcha de las Áreas de Gestión Clínica ha sido percibido por el personal sanitario como el enésimo ataque a la gestión pública y una puerta abierta a la privatización de determinados servicios. La contestación ha sido mayoritaria, pese a los intentos del Partido Popular de ocultar la rebelión del personal sanitario contra este modelo.

En Galicia la crisis económica está sirviendo de excusa a Núñez Feijóo y su gobierno para descapitalizar el Servicio Galego de Saúde. La privatización de servicios complementarios, la reducción drástica de la plantilla, la amortización de plazas en Centros de Saúde y Hospitales, el camuflaje de las listas de espera, la retirada de tarjetas sanitarias a parte de la población, la deriva hacia centros privados, el bloqueo del Plan de Atención Primaria, la eliminación del Plan de Atención á Muller, la escandalosa licitación del Hospital de Vigo, el copago farmacéutico, la jubilación forzosa de cientos de profesionales cuyas plazas no se cubren y la disminución paulatina del presupuesto dedicado a sanidad,  no han hecho más que descapitalizar -sin prisa pero sin pausa- nuestro sistema sanitario, empeorando la atención que reciben los pacientes y perjudicando  a un personal sanitario cada vez más cansado y desilusionado.

Ley aborto

El Gobierno aprobará esta semana una de las leyes de aborto más restrictivas del mundo occidental y, así, España será el primer país que cuando legisla sobre el aborto retrocede. Esto supone una vuelta al pasado, incluso más allá de la primera ley del año 1985, y que las mujeres españolas tengan dos opciones, abortar fuera de España si tienen recursos para ello, o  bien abortar en España en condiciones de clandestinidad con el consiguiente riesgo para su salud y su vida.

El Tribunal Constitucional en 1985, dejó claro que, en relación al aborto, no estamos ante un conflicto entre dos derechos fundamentales, porque los únicos derechos fundamentales implicados aquí son los derechos de las mujeres, siendo el no nacido un bien jurídico que queda debidamente protegido por la legislación actual. Asimismo,  es importante tener presente que la actual Ley, aprobada en el año 2010, fue avalada plenamente por el Consejo de Estado, que en aquel momento, argumentaba que era necesario reformar la regulación para adecuarla a la realidad y además destacaba la plena constitucionalidad de su articulado.

La propuesta del Gobierno sobre el aborto nos lleva a la cola de Europa, a la clandestinidad, a una regulación que estará a la altura de Malta, Andorra o Polonia, los países más restrictivos y conservadores en sus normativas. Nos coloca en la clandestinidad o en el extranjero. Es más, en  los últimos 28 años, 36 países han liberalizado sus leyes de aborto pero ninguno ha retrocedido. La inmensa mayoría de los países europeos permiten la interrupción voluntaria del embarazo sin justificación hasta la semana 14, oscilando entre la semana 10 de Portugal y las 24 semanas de Holanda.

En el año 2008 ya el Consejo de Europa aprobó una recomendación a sus 47 países donde consagra el derecho al aborto legal y sin riesgos garantizado por el Estado que convierta esta práctica en accesible y segura. Y además invita a despenalizar el aborto, allá donde sea delito. Y  lo más importante para nuestra situación actual: se muestra a favor de una ley de plazos y reclama clases de educación sexual obligatorias para los jóvenes.

La Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo reconoce a las mujeres el derecho a una maternidad libremente decidida. Lo que implica, entre otras cosas, que las mujeres decidan sobre su embarazo y que esa decisión -consciente y responsable- sea respetada; además, esta Ley garantiza el derecho a la educación y a la salud sexual.  Porque sólo con una educación sexual adecuada y con la mejora en el acceso a los métodos anticonceptivos, podremos prevenir de manera más efectiva, especialmente en personas jóvenes, las infecciones de transmisión sexual y los embarazos no deseados y, por tanto, el numero de IVEs; asimismo, la actual Ley de Salud Sexual y Reproductiva e IVE garantiza la igualdad en el acceso, en todas las Comunidades Autónomas, a las prestaciones en materia de salud sexual y reproductiva, así como el acceso a métodos anticonceptivos y de  interrupción voluntaria del embarazo.

Los socialistas entendemos que no se puede legislar a espaldas de la realidad, y la mayor realidad es que las mujeres en todas partes del mundo tienen abortos, estén legalizados o no. La mejor forma de reducir el número de abortos no es negar el acceso a procedimientos legales y seguros a las mujeres, sino darles el poder de controlar su fecundidad y de prevenir los embarazos no deseados.

 

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