El PSOE defenderá en el pleno las demandas de los funcionarios del Registro Civil

El PSOE defenderá en el próximo pleno las demandas de los funcionarios del Registro Civil y el interés de los coruñeses

José Manuel Dapena, número 4 de la candidatura socialista, tacha de “política depredadora de lo público” la decisión del PP de Rajoy y Negreira de privatizar el servicio

El Partido Socialista presentará en el pleno del 1 de abril una moción para dar marcha atrás a esta privatización de lo público

El PSOE desea mostrar su total apoyo y solidaridad con los funcionarios del Registro Civil en particular, y en general con los funcionarios de la Administración de Justicia, en su lucha contra la privatización de este servicio público, el Registro Civil. Una lucha que corresponde sostener a toda la sociedad contra una nueva política desmanteladora y depredadora de lo público que está ejecutando el gobierno del PP, para favorecer a unos pocos en detrimento de la inmensa mayoría de la ciudadanía. Es éste un gobierno que sólo desea convertir lo público en un negocio particular, ha señalado José Manuel Dapena, número cuatro de la candidatura socialista, que ha adelantado que el PSOE presentará una moción en el próximo pleno en defensa de los intereses de los funcionarios y de los ciudadanos.

Mariano Rajoy, Registrador de la Propiedad, quiere regalar la gestión del Registro Civil a sus compañeros de gremio, los Registradores Mercantiles. España invirtió más de 128 millones de euros en modernizar y digitalizar el Registro Civil, en funcionamiento en España desde 1871. Todos esos datos privados y confidenciales serán trasvasados, de prosperar el proyecto del gobierno del PP, a una nueva base de datos que explotarán los Registradores Mercantiles.

Esos datos, que afectan esencialmente a la intimidad personal, serán tratados y manejados por personal no funcionario, con lo que se producirá una merma de garantías. El personal contratado por los registradores para desarrollar su empresa de servicios registrales es personal laboral, no funcionarial, por lo que la gestión de los datos más sensibles de todos los ciudadanos se deja en manos de personas que no están sujetas a la jerarquía, responsabilidad y sujeción al estatuto funcionarial.

Se entrega a manos privadas parte de la historia de cada municipio. En muchos pueblos se alejará el Registro Civil de los vecinos, pues sólo habrá oficinas en ciertas capitales, donde están los R.M., lo que encarecerá (con el gasto de los desplazamientos) gestiones hasta ahora gratuitas.

Los ciudadanos pagarán por un servicio que hasta ahora es gratuito. Los ciudadanos pagarán a los Registradores Mercantiles por fes de vida y estado, certificados de nacimiento, matrimonio, defunción, celebración de bodas, expedientes de matrimonio, nacionalidad, registrar poderes, últimas voluntades, cambios de domicilio, cambio de nombre y apellidos….

La “contrarreforma” de la “reforma” de la Ley de Registro Civil 20/2011, de 21 de julio, es el paradigma de la opacidad, del fraude a los intereses de los ciudadanos y de la perversión en la privatización de servicios públicos. Nadie esperaba que una ley aprobada unánimemente por los grupos parlamentarios fuera objeto de tan profundas reformas unilaterales antes de su entrada en vigor.

Además de la privatización de la plataforma tecnológica y de la gestión, el Gobierno de Mariano Rajoy privatiza también la explotación. El Ministerio de Justicia, avanzando en una estrategia de absoluta opacidad, ha preparado a través de la disposición transitoria 18ª al proyecto de reforma del Reglamento de Registro Mercantil un incremento en las tarifas de los Registros Mercantiles, en numerosas operaciones, entre un 800% y un 6.000%, medida poco congruente en un país donde el salario mínimo, las pensiones y los sueldos de los funcionarios están congelados.

La reforma solapada del Reglamento del Registro Mercantil no sólo incrementa tarifas, también triplica las funciones retributivas de los actuales Registros Mercantiles. Ese incremento tanto de tarifas como de actos minutables dejará 10 millones de euros extras de facturación anual a cada registrador mercantil presente o futuro: una sugerente puerta giratoria para el actual presidente del Gobierno una vez que abandone la Moncloa tras las próximas elecciones generales.

El sistema de financiación encubierta se basa en tres pilares:

-el primero, incrementar el número de actos y comunicaciones minutables que deba realizar cada registrador mercantil en su quehacer diario;

-el segundo, incrementar el arancel de las operaciones más frecuentes para que el efecto multiplicador de pequeños conceptos disimulen la desproporción de las nuevas tarifas frente a las antiguas;

-y el tercero, aumentar el número de clientes obligados a realizar operaciones con el registro mercantil que serán quienes financien el delirante proyecto en ejecución.

En este contexto cobran especial relevancia las nuevas obligaciones de legalización de libros anuales, que se impone no sólo a las sociedades que deben publicarse en el Registro Mercantil, sino a toda entidad (asociaciones, fundaciones), incluso sin personalidad jurídica (como las comunidades de bienes), a través de una Instrucción de la Dirección General de los Registros de 12 de febrero de 2015.

La brillante idea consiste en alterar la obligación legal de legalizar libros en blanco y sustituirla por la de legalizar todos los años las actas de esos libros después de redactadas, ocurrencia introducida sibilinamente por el lobby registral en el artículo 18 de la Ley de Emprendedores. Esto obliga a pasar –a todos los que desarrollen una actividad económica– por la caja registradora una vez al año y abonar unos 300 euros de media cada visita obligada.

Todo ello contradice las palabras del ministro cuando alega que la reforma no tendrá consecuencias económicas para los ciudadanos. Las tendrá por mucho que se pretendan esconder en una Disposición Transitoria de otra norma redactada de forma ininteligible para los ciudadanos.

 

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